Los componentes del teórico ‘núcleo duro’ de
accionistas de referencia que comprometieron su incorporación a Aena
no están dispuestos a tirar la toalla si el precio final de la oferta
pública de venta (OPV) supera los baremos de sus respectivas propuestas
y, en consecuencia, los deja fuera de la privatización. Tanto la Corporación
Financiera Alba del Grupo March como Ferrovial
y, sobre todo, el fondo británico The Children
Investment (TCI) consideran que el Gobierno ha modificado los
términos de la operación sin darles ninguna opción para ajustar el
importe de las ofertas formuladas en el concurso público llevado a cabo
el pasado mes de octubre.
El gestor aeroportuario se encargó
primero de formar un grupo de socios institucionales que garantizasen la
estabilidad del accionariado de cara a la privatización parcial de la
compañía.
El Gobierno decidió vender sólo un 49%, repartido
en un 28% mediante OPV y el resto a partir de una venta directa a los
tres adjudicatarios que pujaron más alto por la compra de hasta un 21%.
La distribución de este último tramo se resolvió después de una
licitación
al mejor postor que implicó un compromiso de venta del 8% para
el Grupo March y del 6,5% cada uno para Ferrovial y el mencionado
hedge
fund TCI.
Para las entidades financieras encargadas de dirigir la OPV la
ocasión la pintan calva y supone una buena oportunidad para elevar las
‘comisiones
de miseria’ con que el Estado ha despachado la operación.
Dicho de otro modo, con un precio final por encima del rango ofertado
por los miembros del ‘núcleo duro’ tanto Ferrovial como TCI, e incluso
los March, quedarán fuera del juego y entonces
estos títulos excedentes irán a engrosar la cuantía de
la oferta pública permitiendo que los bancos consigan un pequeño
premio de consolación por su gestión de venta.
El Ministerio de
Fomento, a través del ente privatizador que es la empresa pública Enaire,
necesita cuadrar el círculo que supone ahora fijar un
listón demasiado alto a sabiendas de que la colocación será un éxito por
la sobredemanda que están captando las entidades de crédito. El
problema reside en que después de la OPV sería conveniente que la acción
tuviera recorrido en bolsa porque, de lo contrario, las cañas
podrían tornarse en lanzas, máxime teniendo en cuenta que un
10% de la oferta está destinado a pequeños ahorradores que van a
depositar su confianza y su dinero en Aena.
Entre la
espada y la pared
El gestor aeroportuario hubiera
preferido dejar las cosas como estaban, incentivando la salida a bolsa
con un precio más cercano a los planteamientos iniciales que serviría
también de analgésico para calmar los quebraderos de cabeza que se
pueden producir en las relaciones con los socios de referencia. En este
terreno, el drama para los promotores de la OPV reside en que un precio
demasiado bajo en relación con la fuerte demanda puede causar también un
estropicio político si luego la acción pega un salto
durante los primeros días de cotización poniendo en evidencia que el
Estado se ha quedado demasiado corto en su obligación de maximizar
los ingresos en beneficio del contribuyente.
privatización de
Aena se encuentra entre dos fuegos pero los que echan humo
principalmente son los responsables financieros de TCI, que no descartan
acudir a la oferta y
solicitar una participación equivalente al
6,5% inicialmente contratado con el Estado aunque para ello
tengan ahora que pagar un precio más alto. Eso sí, a cambio exigen una
garantía de derechos políticos como la que otorgaba su incorporación
inicial al núcleo duro, de modo y manera que pueden sentarse en el
consejo de administración de Aena con pleno mando en plaza.
Durante
la fase del concurso público TCI llegó a solicitar una
participación del 11%, lo que demuestra su apuesta decidida por
Aena en un momento donde eran muchos más los detractores que
descalificaban la conveniencia de la operación. Lo mismo puede decirse
del Grupo March y de la constructora de la familia Del Pino,
que ahora están siguiendo muy de cerca los movimientos de su compañero
de fatigas con el fin de poner a buen recaudo los derechos perdidos en
el trasiego político que ha acompañado todo el proceso de privatización
de Aena.
El precio máximo sube de 55 a 58 euros
El
partido no ha acabado todavía y es posible que continúe incluso
después del lunes que viene, cuando se acuerde el precio definitivo de
la OPV. De momento este martes se ha fijado un nuevo rango de precios,
que ahora se sitúa entre
un
mínimo de 53 y un máximo de 58 euros. Esta es una
referencia de indudable importancia ya que, de entrada, deja fuera de
precio a
Ferrovial, que ofreció
48,66 euros por
acción y a
TCI, que subió su propuesta hasta
51,60.
El Grupo March se salva, de momento, por los pelos, aunque ahora tiene
todas las papeletas para quedar también marginado de la operación.
Los
tres inversores tienen en todo caso la opción de acudir a la OPV y
ganar su posición comprando en lo que se denomina el ‘book’ de
la oferta pública. Ferrovial no parece que vaya a hacerlo si no
le garantizan derechos políticos, pero TCI puede echar un
órdago y aumentar su inversión para convertirse en accionista
de postín y luego reclamar al Gobierno lo que se daba; esto es un puesto
en el consejo de administración. El Grupo March tendría incluso más
legitimidad para ejercitar sus derechos en los tribunales ya que su caso
puede ser todavía más sangrante si finalmente el precio definitivo de
la OPV supera los 53,33 euros que la Corporación
Financiera Alba propuso en su día, cuando nadie se atrevía a apostar tan
alto por Aena.
