La filtración de los datos fiscales de Juan Carlos Monedero, número tres de Podemos, y la utilización política que de ellos ha hecho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha generado cierto malestar en la Agencia Tributaria. El uso de esta información por parte del ministro se suma a otros episodios en los que ha aireado problemas tributarios de personajes como Luis Bárcenas o Jordi Pujol o amenazado a políticos rivales, medios de comunicación, actores o deportistas por su situación fiscal cuando la difusión de datos tributarios está prohibida. Tanto los inspectores como los técnicos del ministerio, tradicionalmente enfrentados por cuestiones laborales, coinciden ahora en cuestionar esas filtraciones.
El ministro ha criticado en varias ocasiones a Monedero desde que hace 15 días EL PAÍS publicó que este facturó durante 2013 425.000 euros por trabajos académicos para implantar una moneda común y desarrollar la unidad financiera en Latinoamérica de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Lo hizo a través de una empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones, en vez de facturarlo él mismo, porque hubiera tenido que pagar más al fisco.
Tras conocerse la noticia, el ministro calificó de "deplorable" la fórmula elegida por Monedero para declarar a Hacienda y añadió: "Si uno tiene una retribución personal no la puede esconder en una sociedad". Al tiempo, adelantó que la Agencia Tributaria actuaría de oficio. Dos días después, el 29 de enero, el cofundador y responsable del programa de Podemos pagó a Hacienda más de 200.000 euros por IRPF para evitar una posible sanción fiscal.
Filtraciones
Los técnicos de Hacienda expresan su indignación. "El ministro lleva mucho tiempo filtrando datos y alertando de determinados comportamientos, una actitud que bordea la ley", apunta Carlos Cruzado, presidente de la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha). Este recuerda que el artículo 95 de la Ley General Tributaria establece "el carácter reservado de los datos fiscales". Cruzado añade: "Parece que se está utilizando la información fiscal con fines partidistas".
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